Pasaron tres décadas desde que los cuerpos aparecieron en un auto abandonado en la esquina de Perito Moreno y Dellepiane, en Buenos Aires.
La impunidad era grande, la impotencia también.
El asesinato político de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw fue un símbolo de la barbarie, una muestra al mundo de la siniestralidad uruguaya y argentina, en los dominios de la Operación Cóndor.
El golpe de Estado de Juan María Bordaberry había hecho del Uruguay un reino del terrorismo de Estado: detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, secuestros de niños, asesinatos, enterramientos clandestinos.
De aquel horror aún perdura el silencio de los victimarios, y las mentiras, como colofón de la crueldad. Pero un aire de justicia se filtró entre los crímenes impunes, y los represores
comenzaron a caer.
El dictador Bordaberry fue encarcelado por los cuatro homicidios de mayo de 1976. Su canciller, Juan Carlos Blanco, a quien los servicios estadounidenses de inteligencia consideraban una «mente brillante» de la dictadura, también fue a parar tras las rejas.
Esta es la historia del proceso judicial que determinó La caída del dictador y su canciller: sus ideas antidemocráticas, las acciones criminales, sus declaraciones en los interrogatorios ante los magistrados, documentos incriminatorios, documentos aún ocultos de la justicia, las operaciones políticas y mediáticas para entorpecer el proceso, la lucha jurídica de la fiscal, y el fallo que terminó con la impunidad.