Banana Republic. Mariana Zabala.

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    El puerto de Montevideo es la llave de nuestro comercio exterior y también una opción válida para concentrar el tráfico de la región. Esto, pese a que el sistema político, por intereses espurios, puso trabas a su desarrollo luego que la ley de puertos de 1992 diera las herramientas para transformarlo.

    Hasta 2001 se impidió de hecho la concesión de su terminal de contenedores y desde entonces se tolera el incumplimiento del contrato y no se controlan sorprendentes balances contables del concesionario. Recién en abril de 2007 comienzan, se anunció con fuegos artificiales, las obras imprescindibles para ampliar dicha terminal, clave de la transformación de todo el puerto.

    En este proceso los mecanismos de funcionamiento y control estatal fallaron, fueron burlados o callados por escándalos, y la primacía de intereses políticos subalternos se sumó a la apetencia empresaria, todo a costa del cambio imprescindible que el desarrollo reclama.

    ¿Por qué estamos por ampliar la terminal de contenedores del puerto de Montevideo desde hace una generación?
    ¿Cómo hicieron los partidos políticos para frenar los mejores criterios técnicos del Estado y por qué?
    ¿Qué le dijo Sanguinetti a Ruben Díaz cuando se enteró a quién recomendaba la ANP adjudicar la concesión?
    ¿Cómo fue realmente el diálogo entre Bluth y el representante de la naviera Maersk con las cartas de la licitación sobre la mesa?
    ¿Para qué sirvió el escándalo premeditado del presunto pedido de coima de Ovalle, que de antemano se sabía no tendría resultados judiciales?
    ¿Por qué una decisión crucial para el país estuvo encajonada en el Ministerio de Transporte por ocho meses?
    ¿Por qué el Parlamento se dejó usar por el lobby empresarial?
    ¿Fue una buena solución el remate de la terminal de contenedores en 2001?
    ¿Cuánto dañó y cuánto le costó al comercio exterior uruguayo el formidable retraso de la obra de infraestructura en el puerto, necesaria desde los 80?
    ¿Cómo fue que los partidos políticos perdieron credibilidad a raíz de este proceso?
    ¿Por qué el concesionario muestra pérdidas y no ha cumplido con sus compromisos?
    ¿Cómo cuidaba la ANP, como integrante de la empresa mixta TCP, los intereses del Estado?
    ¿Qué es lo que el actual gobierno decidió poner bajo la alfombra para intentar sacar la obra adelante?

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