El 22 de diciembre de 1986 el parlamento uruguayo sancionó una ley denominada de «caducidad de la pretensión punitiva del Estado», por la cual se dispuso que el Estado no perseguiría causas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) o policiales por su actuación durante los años del régimen autoritario (1973-1984) e inmediatamente antes de llegar al golpe de estado de 1973. Con esta ley se buscaba asegurar el proceso de transición del régimen autoritario a la restauración democrática.

Sin duda, se ha evitado una confrontación difícil. Pero superar los problemas requiere enfrentarlos y no ignorarlos. Habiendo sido realizada la consulta plebiscitaria en un año en el que también se realizan elecciones generales, el énfasis siguiente en la agenda política va a ser puesto en las cuestiones partidario-electorales.

En este aspecto, la pregunta que solo puede contestarse en noviembre de 1989 es si el referéndum de abril tuvo algún efecto sobre el comportamiento electoral futuro de la ciudadanía, de modo tal que podamos decir que si no hubiese hecho el plebiscito otra sería la orientación del ciudadano. En principio, parecería que esto último no ha ocurrido.

Los otros problemas a resolver, la cuestión militar, planteada en términos amplios… el de cómo enfrentar conflictos internos que desembocan en violencia, así como los globales que afectan a toda la sociedad, tal como la reescritura de la historia y la fijación de una memoria del pasado, quedan pendientes.